Además, dentro del marco de monitoreo y evaluación, en el año 2019 se hicieron dos evaluaciones del programa - una realizada por la CICAD/OEA y la otra por Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP)- Esta última financiada por el ICD en convenio con la Universidad de Costa Rica y con resultados positivos desde la percepción de las personas usuarias entrevistadas.
Todo lo anterior se ve también fortalecido con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa (2019), que establece el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, tanto para personas adultas como a personas menores de edad. Esto garantiza que los delitos vinculados a un trastorno por consumo de SPA, se tramiten de forma integral permitiendo que las víctimas del hecho ilícito encuentren satisfacción en la solución del conflicto y que las personas imputadas reparen el daño causado y puedan recuperar áreas de su vida afectadas por el consumo problemático de drogas. Este proceso transforma la vida de estas personas y de la comunidad en general. También, el establecimiento de la Ley ha fortalecido la implementación del programa en otras juridicciones y centros de atención de atención integral en drogas (CAIDS) desde el componente de salud. A la fecha se han graduado 28 personas en esta alternativa al encarcelamiento que ratifica los derechos humanos.
