Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, 2026-2035
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) presenta la Política y el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) 2026-2035, abreviados como Política y Plan Nacional sobre Drogas, en cumplimiento de su rectoría política en materia de drogas y de lo dispuesto en la Ley N.° 8204, cuyo Artículo 100 le asigna la responsabilidad de coordinar y diseñar la formulación del Plan Nacional sobre Drogas, así como su puesta en marcha. Este instrumento se sustenta en el mandato del ICD como órgano rector técnico y coordinador de las respuestas públicas, en estrecha articulación con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Ministerios y sus órganos desconcentrados (adscritos), entidades del sector público descentralizado, órganos adscritos a instituciones autónomas, instituciones semiautónomas, colegios profesionales, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil, academia, sector privado y organismos de cooperación internacional.
La Política tiene un horizonte temporal de 2026 a 2035, con dos planes de acción. Plan del primer quinquenio: 2026-2030 y Plan de Acción del segundo quinquenio: 2031-2035.
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Estos instrumentos se elaboraron en atención a la “Guía para la elaboración de políticas públicas” del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) emitida en 2023.
Componentes de una política pública
Fuente: tomado de Mideplan, 2023, p. 15.
Paso 1. Inclusión del tema en la Agenda Política
Según MIDEPLAN, este primer paso consiste en lograr que el asunto público que motiva la futura política se posicione como una prioridad del gobierno. Esto ocurre cuando un problema social alcanza interés general y se traslada al nivel gubernamental para su atención mediante estrategias y acciones públicas. En esta fase se analiza quiénes impulsan la inclusión del tema, cuáles son las razones de su relevancia, cómo se justifica que amerita un abordaje público y cuáles actores deberían participar desde el inicio.
Paso 2. Marco Legal de la Política
Una vez que el tema ingresa a la agenda, el siguiente paso es revisar y estructurar el marco legal que sustenta la política. El marco legal integra leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y normativa internacional ratificada por el país que fundamentan y dan legitimidad a la intervención pública. Este paso determina los límites y alcances de la acción estatal, revisando artículos legales, tratados internacionales, protocolos y compromisos nacionales con los que la política debe alinearse. También permite identificar obligaciones legales vigentes, brechas normativas, duplicidades o vacíos que la política debe considerar para su diseño.
Paso 3. Estado de Situación o Diagnóstico
El diagnóstico es la base técnica y conceptual de toda política. Aquí se identifica claramente el problema público que requiere intervención y se describen sus causas, efectos, magnitud y población afectada. MIDEPLAN señala que este paso combina investigación, recopilación de información, análisis del contexto normativo, político, económico, social y territorial, así como ejercicios prospectivos que ayudan a proyectar escenarios futuros. Este paso responde a la pregunta: ¿qué está pasando y por qué? y permite definir qué debe cambiar y qué alternativas de acción son posibles. Por otro lado, se realiza una evaluación del plan nacional anterior, incluyendo un análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Paso 4. Definición de la Población Objetivo
Con el problema claramente definido, se establece quiénes son las personas o grupos afectados que serán atendidos por la política, considerando características demográficas, socioeconómicas, territoriales y culturales de quienes experimentan la problemática.
Paso 5. Definición de Enfoques, Principios y Características de la Política
En este paso se establecen los marcos conceptuales y éticos que orientarán cada decisión de la política. Los enfoques permiten comprender la problemática desde una perspectiva metodológica y estratégica. Se definen también los principios rectores y las características de la política, incluyendo su cobertura temporal, espacial y multiactor.
Paso 6. Definición del Marco Estratégico
Aquí se construye el “esqueleto” estratégico de la política: los ejes temáticos, los objetivos, resultados esperados, indicadores y metas a nivel macro. El marco estratégico garantiza la alineación entre los insumos que se utilizarán, las acciones que se ejecutarán y los resultados que deben lograrse, aplicando la lógica de la Gestión para Resultados. Esta estructura servirá de base para la formulación del plan de acción.
Paso 7. Modelo de Gestión y Gobernanza
Es un paso fundamental que define cómo se organizará el Estado y sus actores para implementar la política. El modelo de gestión describe la estructura institucional, roles, responsabilidades, mecanismos de coordinación, niveles de gobernanza (nacional, sectorial, local), recursos necesarios, participación ciudadana y formas de toma de decisiones. La gobernanza multinivel es prioritaria: se organiza el aporte de instituciones públicas, gobiernos locales, sociedad civil, academia y sector privado. También se definen los mecanismos de articulación y rendición de cuentas y las instancias coordinadoras. Respecto a esto último, se ha constituido el Comité Directivo de la Política Nacional sobre Drogas.
Paso 8. Modelos lógicos y Plan de Acción de la Política Pública
De previo a formular el Plan de Acción se requiere validar cómo las intervenciones que se vayan a proponer, en efecto, contribuirán a alcanzar las metas y objetivos del Marco Estratégico. Para esto, una de las herramientas es el uso de Modelos Lógicos. Para este fin se empleará la estructura de cadena de valor: problema a abordar, qué resultados se esperan lograr (corto, mediano y largo plazo, es decir, efectos e impactos), qué actividades se deben realizar (productos: bienes y servicios), y qué inversión es requerida (insumos). Se podría incluso identificar los supuestos y condiciones necesarias para que el cambio ocurra.
Una vez construidos y validados marcos lógicos coherentes y pertinentes, se procedería a elaborar el Plan de Acción que es la hoja de ruta operativa que convierte los objetivos y ejes estratégicos en intervenciones concretas (estrategias, programas, proyectos y actividades) basadas en la evidencia. Incluye las acciones, metas SMART, indicadores, líneas base, responsables, recursos, medio de verificación, plazos y procesos de seguimiento. El plan será de temporalidad quinquenal y su elaboración debe ser participativa, realista y alineada a las capacidades institucionales. Cada acción estratégica debe tener claridad de qué se hará, quién lo hará, cuándo, con qué recursos y cómo se medirá el avance. Se utilizará la matriz de plan de acción recomendada por la guía del Mideplan.
Paso 9. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
Esta fase garantiza que la política se ejecute adecuadamente y permite corregir desviaciones. El seguimiento consiste en la recolección periódica de datos sobre el avance de metas, uso de recursos, productos generados y obstáculos. La evaluación valora el diseño, el proceso, los resultados y el impacto de la política. El seguimiento permite decisiones oportunas, mayor transparencia y rendición de cuentas, mientras que la evaluación genera aprendizajes y orientaciones para ajustar o mejorar la política.
Este paso identifica riesgos estratégicos, operativos, financieros, legales, tecnológicos, reputacionales, ambientales y sociales que podrían afectar la implementación. La gestión de riesgos implica identificar, valorar, priorizar y definir medidas de mitigación, así como responsables y acciones preventivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política.
Paso 11. Oficialización de la Política Pública
Finalmente, la política se formaliza para iniciar su vigencia. En el caso de esta política, al nacer por mandato legal, se oficializa mediante presentación pública y comunicación interinstitucional acompañada de un Decreto Ejecutivo y de cartas compromiso firmadas por jerarcas institucionales y actores aliados, como acción inicial para su adopción.
La Política requiere del compromiso de todas las partes involucradas en los diferentes niveles (local, gobierno central, poder legislativo) en pro de su financiamiento e implementación exitosos.
Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados (ENDDA) 2020-2030 y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PND) 2020-2024.
En 2019 el ICD elaboró de manera interinstitucional e intersectorial dos instrumentos de gestión nacional y sectorial: a) Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados (ENDDA) 2020-2030 y b) Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PND) 2020-2024.
- Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados (ENDDA) 2020-2030
- Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PND) 2020-2024.
- Evaluación de las políticas sobre drogas en Costa Rica período 2005-2025
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