Jueves 13 noviembre 2025. Este jueves el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), junto con el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de Política de Drogas (COPOLAD) y en colaboración con el Observatorio Costarricense de Drogas, presentaron los principales hallazgos y recomendaciones sobre la evaluación de la Política Nacional de Drogas en Costa Rica.
El estudio abarcó el período 2005–2025 y se realizó conforme a la guía metodológica de COPOLAD III, un programa de cooperación sobre drogas financiado por la Unión Europea. Este estudio incluyó una revisión documental exhaustiva, entrevistas con actores clave y el análisis de datos disponibles en las distintas instituciones.
La evaluación se centró en cuatro ejes principales:
1. Tratamiento.
2. Prevención
3. Reducción de riesgos y daños
4. Encarcelamiento/justicia restaurativa.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe evidencia que las políticas de drogas en el país pasaron de tener un enfoque centrado en seguridad a normativas más integrales que priorizan la salud pública, los derechos humanos y la coordinación interinstitucional. Un ejemplo de ello es la aplicación de la Ley N.° 8204, la cual diferencia el tráfico ilícito de sustancias del consumo personal de drogas, orientando este último al ámbito sanitario en lugar del punitivo. Este cambio representa un avance significativo al tratar el consumo como un tema de salud, prevención y rehabilitación, y no como un delito, en concordancia con los principios de derechos humanos y justicia restaurativa.
Además, resalta que la Estrategia Nacional sobre Drogas 2020-2030 ordena la rectoría y la coordinación entre el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y los gobiernos locales.
Por otro lado, entre los principales retos señalados, el informe recomienda aprovechar los estudios ya elaborados para medir costos y resultados, y usar esa información para mejorar la planificación y el presupuesto.
También propone fortalecer la justicia restaurativa, dando prioridad a las mujeres y garantizando apoyo social y económico después de cumplir las medidas alternativas a la prisión. Cabe señalar que el Programa COPOLAD III ha colaborado con el Poder Judicial de Costa Rica y el ICD en la humanización de la justicia penal en el país, y en especial en el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad para mujeres con delitos menores de drogas.
Además, sugiere mejorar los programas de tratamiento con un enfoque que tome en cuenta las diferencias de género, edad y diversidad, asegurando recursos suficientes y atención de calidad.
En materia de prevención, plantea diseñar acciones adaptadas a las realidades de cada territorio y población, y darles seguimiento para medir su impacto.
Finalmente, el estudio señala que es importante reforzar las acciones para reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas, por medio de campañas que involucren a las mismas comunidades generando acciones que respondan a las necesidades puntuales de cada territorio.