Viernes 20 de febrero, 2026. La Unidad de Información y Estadística del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), realizó un estudio el año anterior enfocado en las consecuencias socioeconómicas que experimentan los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad, que infringen la Ley 8204, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”
Un total de 81 mujeres del Centro de Atención Institucional para mujeres Vilma Curling Rivera participaron durante la fase de entrevistas durante el mes de mayo, información que reveló que parte de las consecuencias que se enfrentan los menores de edad, entre ellas:
· Desintegración familiar que impacta a nivel emocional y social.
· Impacto negativo en el rendimiento académico, siendo 5 veces más alto el porcentaje de repitencia.
· Los menores sufren estigmatización social por un delito que no cometieron.
· Dos de cada tres menores de edad sufren disminución de ingresos económicos, lo que podría impactar la calidad de vida y el desarrollo, inclusive un 15% de estos tuvieron que trabajar para cubrir necesidades económicas, realidad que se da 11,5 veces más que la media nacional.
· Existe un impacto en la confianza entre madre e hijo (a) factor que al igual que el respeto y amor puede verse en mayor medida afectado por el tiempo de separación.
· Las madres privadas de libertad refieren que al menos en el 60% de los casos sus hijos e hijas presentan ansiedad, depresión, estrés y dificultad en la autorregulación.
Según indicó el director General del ICD, Lic. José Miguel Gómez Chavarría, con esta investigación se pretende guiar el accionar de las políticas públicas, para que estas personas menores de edad tengan un acompañamiento que aborde todas las consecuencias que enfrentan.
El jerarca señala que actualmente el accionar preventivo institucional para brindar soporte a mujeres privadas de libertad y a sus hijos e hijas se gestiona desde el “Protocolo de la Red de Atención Integral a mujeres vinculadas a procesos penales y sus familiares dependientes (RED), el cual es coordinado por el INAMU y donde participan otras instituciones como el IMAS, Ministerio de Justicia y Paz, ICD, IAFA, PANI, INA y la Defensa Pública, estableciendo funciones para cada una de las instituciones que la conforman.
“Las instituciones de la RED hacen un esfuerzo importante para brindar atención a los hijos e hijas menores de edad de mujeres privadas de libertad, pero con este estudio tenemos una visión más amplia sobre las acciones que pueden fortalecerse desde las instituciones públicas, y mi llamado desde el ICD es que abordemos las recomendaciones que nos brinda esta investigación tan valiosa” agregó el Lic. José Miguel Gómez Chavarría, director General del ICD.
Dentro de las recomendaciones que sugiere este estudio están:
1. Implementar programas de acompañamiento familiar para las personas que asumen la responsabilidad del cuido de los menores de edad.
2. Ampliar los criterios de elegibilidad de ayudas del IMAS en la Red de Cuido, es decir, considerar que la privación de libertad de la madre es un criterio de vulnerabilidad, de modo que las familias que se responsabilizan del cuido de estos niños, niñas y adolescentes, puedan acceder a recursos.
3. Incluir dentro de los Protocolos para Permanencia, Reincorporación y Éxito escolar, del MEP, la privación de libertad de las madres o bien de cualquiera de los progenitores como un factor de riesgo, de forma que se pueda brindar desde los centros educativos apoyo psicosocial o en su defecto que se puedan remitir los casos a las instituciones correspondientes.
4. Fortalecer la articulación entre el PANI, el MEP y la Caja Costarricense del Seguro Social para tener diagnósticos tempranos e intervenciones oportunas en la salud mental de esta población.
5. Fortalecer el vínculo materno- filial, mediante programas entre el Ministerio de Justicia y Paz y el PANI enfocados en la reconstrucción de la confianza, respeto y el amor entre madres e hijos (as).
El estudio “Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en la población penitenciaria femenina mayor de edad de Costa Rica”, realizado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en el año 2021, evidenció que el 72,8% de las mujeres privadas de libertad tenía al menos un hijo o hija a su cargo; de estas, el 84,8% refirió que al menos uno era una persona menor de edad. Razón que motiva a tomar acciones en pro de la población menor de edad que se ve afectada por este contexto.